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MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha reclamado este lunes que la nueva Ley de Crédito al Consumo refuerce la protección frente al sobreendeudamiento y prohíba "expresamente" a prestamistas e intermediarios conceder o recomendar créditos que no sean adecuados para la capacidad de pago del consumidor, y que por tanto el usuario no pueda devolver.
En este sentido, la organización considera que la aprobación definitiva de la norma será "clave" para ordenar el mercado del crédito y proteger a los consumidores frente a "prácticas abusivas y precios de usura", no obstante ha exhortado al Gobierno a modificar parte del texto planteado.
En concreto, entre algunas de las medidas a adoptar, la entidad ha solicitado que la concesión de un crédito inadecuado para la capacidad económica del consumidor lleve aparejada la anulación del préstamo, para desincentivar así la concesión irresponsable de financiación.
Por otro lado, Asufin ha valorado positivamente que la futura norma establezca "por primera vez" un límite al cobro de intereses, pero considera "insuficiente" el margen general de 22 puntos porcentuales planteado en el anteproyecto y reclama que los límites se adapten a las características y al coste habitual de cada modalidad de financiación.
A su juicio, no debería aplicarse el mismo criterio a un crédito al consumo convencional y a una tarjeta 'revolving', dado que presentan características y costes diferentes. De este modo, la asociación pone como ejemplo que, con el sistema planteado, un crédito al consumo con una TAE del 15% podría quedar dentro del límite legal pese a que, según sostiene, supondría duplicar la media actual del mercado.
Por ello, reclama que los límites se establezcan atendiendo al "coste habitual" y a las características específicas de cada tipo de crédito.
EXCLUSIÓN DE LAS TARJETAS DE DÉBITO DIFERIDO Y "ESPIRAL DE DEUDA"
Además, la plataforma también ha expresado su preocupación por la exclusión de las tarjetas de débito diferido del ámbito de protección de la futura ley. "Aunque en estos productos las compras se carguen normalmente una vez al mes y no generen intereses, consideramos que deben quedar dentro del ámbito de la norma, especialmente cuando estas tarjetas ofrecen también otras formas de pago o financiación, que las acercan demasiado a líneas de crédito abierto o modalidades más peligrosas como las 'revolving'", ha detallado la entidad.
En relación con los créditos de alto coste, la asociación ha reivindicado que se endurezcan las condiciones para evitar que los consumidores entren en una "espiral de deuda". En particular, ha instado a que se prohíba que un prestamista conceda un nuevo crédito destinado a cubrir el impago de otro anterior, una práctica que, desde la organización, censuran que es habitual en los minicréditos y préstamos rápidos contratados por Internet.
Al mismo tiempo, la agrupación ha abogado por una mayor transparencia y control sobre cómo se decide quién puede acceder a un crédito. "Los consumidores deberían poder conocer el resultado y los criterios utilizados en su evaluación de solvencia y, cuando se utilicen sistemas automatizados o inteligencia artificial, tener derecho a una revisión humana efectiva y a garantías frente a posibles sesgos o discriminaciones", han defendido desde Asufin.
Por último, la Asociación de Usuarios Financieros ha apelado por una ley que garantice un coste del crédito "realmente transparente y una protección efectiva frente a los abusos". Así, entre otras medidas, ha propuesto incluir todos los gastos en la información sobre el coste total del préstamo, limitar a 30 euros los gastos de recuperación de impagos, garantizar que el asesoramiento sobre deudas sea independiente y aplicar los nuevos límites de coste, al menos, a los saldos pendientes de los créditos 'revolving' ya existentes.
La futura Ley de Contratos de Crédito al Consumo --que transpone la directiva europea sobre crédito al consumo, cuyo plazo de aplicación está fijado para el 20 de noviembre de 2026-- se encuentra todavía en fase de anteproyecto, tras su aprobación en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 7 de enero y su posterior sometimiento a audiencia pública.
