Archivo - Fachada del Banco de España, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Banco de España ha suscrito con la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de la Guardia Civil un convenio de colaboración con el objetivo de perseguir el fraude financiero, según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado.
Este convenio viene a ampliar el Protocolo General de colaboración en la lucha contra el fraude financiero firmado en 2022 por 19 entidades públicas y privadas, entre las que se incluyen la Guardia Civil y el Banco de España. El protocolo prevé que las partes puedan suscribir convenios específicos que determinen las obligaciones y derechos de cada parte.
En virtud de este convenio, la Guardia Civil se compromete a informar al Banco de España de las personas físicas o jurídicas que ofrezcan actividades reservas o utilicen denominaciones reservadas sin estar inscritas en el supervisor financiero. También informará de la incoación a dichas personas de procedimientos judiciales que pudieran guardar relación con esas actividades.
De su lado, Banco de España informará a la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil los hechos de los que tenga conocimiento en materia de reserva de actividad y denominación que puedan constituir indicio o prueba de comisión de un posible delito.
El supervisor financiero se obliga también a colaborar con la Jefatura de Policía Judicial para facilitar las investigaciones en relación con la normativa de ordenación y disciplina específicamente aplicable a los sujetos que infrinjan la reserva de actividad o denominación. También facilitará la investigación sobre los productos financieros que dichos sujetos pueden ofrecer a su clientela. El citado asesoramiento no comprenderá la emisión de informes periciales que puedan ser incorporados a un expediente.
Asimismo, se crea una comisión de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento de lo establecido en el convenio y resolver los problemas de interpretación y las incidencias que puedan plantearse en relación con el mismo.
Este convenio tendrá una validez de cuatro años, prorrogables por otros cuatro adicionales.
