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MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La asociación sin ánimo de lucro Denaria ha solicitado al Parlamento Europeo salvaguardar y garantizar el acceso al efectivo a pocas jornadas de la votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) de la cámara el mandato negociador sobre el Reglamento relativo a la moneda de curso legal de los billetes y monedas de euro, una norma destinada a asegurar su aceptación en los comercios y una accesibilidad suficiente para el conjunto de la ciudadanía.
En este sentido, la organización considera que un reconocimiento meramente formal de la moneda de curso legal es "insuficiente". "Si la aceptación se debilita mediante restricciones indirectas, o si el acceso a la infraestructura de efectivo continúa disminuyendo, el efectivo corre el riesgo de convertirse en algo teórico en lugar de utilizable", precisa la entidad.
Es por ello, que Denaria ha trasladado a los parlamentarios españoles y europeos de la cámara comunitaria cinco prioridades que considera que deben quedar recogidas "expresamente" en el texto del Reglamento.
Entre las medidas, la agrupación asevera que es necesario salvaguardar la aceptación real del efectivo sin exclusiones adicionales, como pueden ser los puntos de venta no tripulados --parkings automáticos, máquinas expendedoras, taquillas, puntos de recarga eléctrica--, que con frecuencia "operan como monopolios de facto en su ubicación y donde el efectivo queda excluido por diseño".
Denaria también solicita que se garantice el acceso al efectivo mediante la obligación de las entidades de crédito de mantener una red de distribución mínima de cajeros automáticos y sucursales bancarias. En este sentido, Denaria ha estimado que, para el caso de España, garantizar el acceso al efectivo en el país cuesta entre 4,8 y 25,6 millones de euros, una cantidad "notablemente inferior" al 3% de lo que supone el coste de una única jornada de disrupción digital.
SUPERVISIÓN Y APLICACIÓN EFECTIVAS
Asimismo, la organización pide establecer sistemas de supervisión y aplicación efectivas por parte de los Estados miembros mediante facultades "claras y directas" asignadas a las autoridades nacionales competentes para actuar ante el incumplimiento de la normativa.
"La monitorización por sí sola no es suficiente: una obligación legal no se aplica normalmente solo después de que se haya acumulado un volumen de infracciones. La monitorización debe apoyar la supervisión, las medidas correctivas y las sanciones, no sustituirlas", ha detallado la firma.
Por otro lado, Denaria apoya la introducción de Planes Nacionales de Resiliencia del Efectivo, tal como se propone tanto en el Enfoque General del Consejo como en varias enmiendas de diferentes grupos políticos del Parlamento Europeo.
"Estos planes deben desarrollarse en cooperación con el ecosistema del efectivo en general, manteniendo la responsabilidad principal en las autoridades públicas y las entidades de crédito, para garantizar tanto la eficacia como la proporcionalidad", ha argumentado la entidad.
Al mismo tiempo, Denaria reivindica que el mantenimiento de los servicios esenciales de efectivo forma parte de las obligaciones de las entidades de crédito y no debe dar lugar a mecanismos generales de compensación, aunque matiza que los costes vinculados a las medidas de resiliencia sistémicas o de mercado "no deben recaer sobre el sector privado".
"En general, las propuestas de Denaria tienen como objetivo respaldar un Reglamento que sea jurídicamente sólido, operativamente viable y alineado con sus objetivos de política pública: preservar la inclusión financiera, garantizar la resiliencia del sistema de pagos y salvaguardar el papel del efectivo como bien público dentro del marco monetario europeo", ha concluido la plataforma.
