MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El bufete de abogados anglosajón Amsterdam & Partners ha enviado una carta al Departamento del Tesoro de Estados Unidos denunciando el uso por parte de la Hacienda Pública española de servidores de la empresa china Huawei, lo cual supondría un "riesgo" para los datos fiscales de los contribuyentes estadounidenses.
"Estos [datos] son compartidos con la Agencia Tributaria española (Hacienda) por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La misiva solicita al Departamento del Tesoro y al IRS que garanticen el cumplimiento de las disposiciones de confidencialidad del Tratado entre Estados Unidos y España", ha advertido en una nota de prensa.
Además, el despacho ha acusado, en el lanzamiento este jueves del informe 'Hacienda contra el Pueblo', a la Administración española de aplicar técnicas de "cebo y engaño" a través de normas como la 'Ley Beckham', oficialmente denominada Régimen Fiscal Especial para Trabajadores Desplazados.
Esta disposición creada en 2005 tiene el objetivo de atraer talento internacional altamente cualificado mediante una tributación favorable. Recibió su nombre por el exfutbolista del Real Madrid David Beckham, que se benefició de la misma.
Amsterdam & Partners ha asegurado que "no se puede confiar" al Gobierno español información sensible sobre ciudadanos de EE.UU. ante el supuesto "uso partidista" que Hacienda hace de los mismos durante las inspecciones fiscales. Asimismo, ha añadido que en España no existen "garantías procesales suficientes".
Uno de los ponentes ha indicado en rueda de prensa en Nueva York que la Casa Blanca "ya está al tanto de la situación" y que "estaría considerando todo tipo de medidas", donde podría incluirse "algún tipo de reparación comercial". No obstante, el bufete desconoce si el presidente Donald Trump ha sido informado de la misiva remitida.
El pasado mayo, Amsterdam & Partners ya anunció que estaba preparando acciones legales contra la Hacienda española en varias jurisdicciones, incluida la propia España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
