MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) mantuvo casi sin cambios las recuperaciones reconocidas a su favor procedentes de procedimientos penales contra entidades 'rescatadas', según la memoria anual que ha publicado este martes la autoridad de resolución.
Como consecuencia del ejercicio de todas las acciones penales emprendidas por el FROB, constaban como reconocidos a favor del organismo como perjudicado por el delito mediante pronunciamientos penales firmes más de 302,76 millones de euros. Un año antes, esta cifra era de 302 millones, por lo que apenas ha variado.
Estas cantidades son consecuencia de la "intensa labor de persecución y penalización" e conductas irregulares en operaciones de concesión de créditos relacionadas, esencialmente, con el tráfico inmobiliario en el seno de las distintas entidades de crédito que fueron receptoras de ayudas públicas en los procesos de reestructuración o resolución.
El origen de estos procedimientos es diverso. Algunos fueron iniciados por denuncia de los administradores provisionales que designó el FROB en una entidad intervenida, pero también pudieron haber sido iniciados a raíz de los informes 'forensic' que el FROB encargó a varias consultoras independientes expertas en la materia para que analizasen algunas operaciones sospechosas.
En aquellos casos en los que se detectaron conductas irregulares, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que lo investigara.
Asimismo, algunos procedimientos penales incluso fueron iniciados por denuncia de terceros en los que, desde el juzgado correspondiente, se hizo el oportuno ofrecimiento de acciones al FROB para que se personara.
Durante el año pasado, el FROB ha mantenido su personación en las causas penales que siguen pendientes contra exdirectivos de distintas entidades y otras personas relacionadas, tratando de "defender los intereses generales y buscando recuperar los mayores importes posibles a través de aquellas cantidades que deban ser abonadas por los condenados en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos", explica el organismo en su memoria anual.
En 2024 no se produjeron grandes cambios. Una de las causas ha terminado la instrucción y está pendiente de que se resuelvan los recursos para abrir el juicio oral. Otra está a la espera de señalamiento para celebración de juicio, mientras que en otra se ha dictado sentencia absolutoria al retirarse la acusación por haber prescrito el delito principal.
También se han celebrado durante este año otros dos juicios, quedando ambos pendientes de sentencia a cierre de 2024. Además, otra causa, con sentencia condenatoria firme, se encuentra pendiente de sentencia del Tribunal Supremo en lo relativo a la responsabilidad civil subsidiaria que debería afrontar la aseguradora frente a la consideración de un único hecho siniestral indemnizable.
En lo relativo al ámbito contencioso-administrativo, el FROB ha destacado que desde 2022 ya no queda ningún recurso originado contra sus actuaciones en los procesos de reestructuración y resolución en la crisis financiera de 2012. En cambio, sí siguen su curso "una serie de recursos contencioso-administrativos" por su actuación en la resolución de Banco Popular en 2017.
Actualmente, siguen pendientes en el Tribunal General de la Unión Europea cuatro recursos de anulación contra las decisiones de la JUR y la Comisión. Todo ello tras haber resuelto el Alto Tribunal europeo los asuntos "piloto" pendientes.
A la vista de las sentencias del TJUE, la Audiencia Nacional acordó alzar la suspensión de los 210 recursos pendientes que se habían presentado contra las actuaciones del FROB. A cierre de 2024, 80 recurrentes habían desistido en sus pretensiones.
