La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, y el director de Europa Press, Javier García Vila, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La coalición Frente Amplio ha incluido en su programa electoral la aplicación de un plan para la "integración definitiva" de las mutualidades de funcionarios --Muface, Mugeju e Isfas-- en el Sistema Nacional de Salud (SNS), una reforma que supondría extinguir el actual modelo de asistencia sanitaria concertada con aseguradoras privadas para absorber a este colectivo directamente en la red pública.
De llevarse a cabo, la medida afectaría de lleno a Muface, que daba cobertura a un total de 1.568.298 personas a cierre de 2025, según los datos abiertos disponibles, entre titulares --funcionarios en activo o jubilados-- y beneficiarios --familiares o personas asimiladas que dependen económicamente de un funcionario titular--.
A su vez, el plan de integración de Frente Amplio también abarcaría a las otras dos mutualidades administrativas del Estado: el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que da cobertura a alrededor de 531.415 personas entre personal militar, miembros de la Guardia Civil y sus beneficiarios y la Mutualidad General Judicial (Mugeju), que protege a cerca de 89.141 titulares y familiares pertenecientes a la Administración de Justicia, --según los datos de sus últimas memorias anuales del pasado año--. De este modo, el conjunto del mutualismo administrativo en España se eleva a más de 2,18 millones de personas.
CASI 5.000 MILLONES PARA TRES AÑOS
El concierto sanitario vigente de Muface --correspondiente al trienio 2025-2027-- fue firmado el 30 de abril de 2025 y entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año tras un complejo proceso de licitación que concluyó con la permanencia únicamente de dos aseguradoras, SegurCaixa Adeslas y Asisa, quedando fuera DKV, que sí participó en convenios anteriores.
Dicho acuerdo, que se extiende hasta finales del próximo ejercicio, cuenta con un presupuesto global de 4.808 millones de euros --lo que supuso un incremento de 1.276 millones respecto al concierto previo-- e introdujo una nueva estructura de primas incrementales por tramos de edad con una subida media ponderada acumulada del 41,2% en los tres años, además de reintroducir el mes de junio como segundo periodo ordinario anual para que los mutualistas puedan cambiar de entidad.
La propuesta de la formación encabezada por Ada Colau recupera la línea apuntada en el informe técnico elaborado por el Ministerio de Sanidad en noviembre de 2024 sobre la transición del mutualismo administrativo al SNS, frente a la postura de organizaciones sindicales de la función pública como CSIF, que rechazan la desaparición del modelo al advertir de que el traspaso de los mutualistas incrementaría la presión asistencial y las listas de espera en la sanidad pública.
AMPARO DE LA AIREF Y RECHAZO DEL SINDICATO DE FUNCIONARIOS
En este debate también se pronunció la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que en su evaluación del mutualismo administrativo publicada en marzo de 2025 concluyó que el actual sistema presenta "ineficiencias" y una acusada selección de riesgos.
En concreto, detalló que, aunque de forma general solo el 24% de los mutualistas opta por la sanidad pública, el porcentaje alcanza hasta el 70% entre quienes precisan ingresos hospitalarios por patologías de severidad mayor o extrema --como tratamientos oncológicos o servicios de nefrología y diálisis--, concentrándose así los casos más graves y complejos en la red pública.
Asimismo, en el ámbito de los costes, el organismo advirtió de que los centros privados facturan a las mutualidades los medicamentos hospitalarios dispensados a pacientes externos a precios "muy superiores" a los de adquisición del Sistema Nacional de Salud, llegando en algunos casos a "sextuplicar su importe", además de señalar que entre 2010 y 2022 el gasto sanitario por persona creció más en el mutualismo (52,7%) que en el sistema público (40%).
Por ello, la AIReF recomendó "incorporar progresivamente a los nuevos mutualistas" al Sistema Nacional de Salud y transformar la actual adscripción obligatoria en un régimen voluntario, condicionando cualquier integración a un refuerzo previo de las capacidades asistenciales y las listas de espera de las comunidades autónomas.
En paralelo, la institución recordó que el mantenimiento de este sistema dual en España es "aún más excepcional" si se compara con el entorno europeo, puesto que otros países que históricamente mantenían sistemas similares al nacional como Italia, Portugal o Grecia, ya han completado la transición hacia un modelo plenamente integrado. En Reino Unido y Suecia, por su parte, los empleados públicos reciben directamente la misma cobertura sanitaria universal que el resto de la población a través de sus respectivos sistemas nacionales de salud.
A raíz de las objeciones de la AIReF, CSIF manifestó su "oposición frontal" al planteamiento y expresó su deseo de que el informe del organismo fiscalizador "no fuese una excusa que el Gobierno utilice para desmantelar el modelo".
EL CONTROL DE LAS BAJAS MÉDICAS
Más allá del mutualismo administrativo, las diferencias programáticas en el ámbito sanitario también alcanzan a las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal, donde Frente Amplio y el Partido Popular defienden modelos antagónicos.
De este modo, la coalición de izquierdas reclama en su programa un "blindaje por ley" para garantizar que las altas, bajas y confirmaciones médicas por contingencias comunes "correspondan en exclusiva a la sanidad pública", rechazando ampliar las competencias de las mutuas y limitándolas a un "papel de apoyo".
Por el contrario, el PP defiende en su proyecto electoral reforzar "los medios de la Seguridad Social y el papel de las mutuas para agilizar la gestión de la incapacidad temporal". Al mismo tiempo, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo propone impulsar un sistema de incentivos "que premie a las empresas que mejor gestionen la incapacidad temporal" y perseguir "el fraude de quienes se aprovechan del sistema para no trabajar".
Estas medidas se enfrentan al rechazo de sindicatos como CCOO y UGT, que alertaron recientemente de un "conflicto de intereses" al sostener que tanto las mutuas como las empresas tienen un "interés económico directo" en acelerar las altas médicas y reducir el coste de las bajas, lo que a su juicio podría primar criterios económicos sobre la salud del trabajador.
En esta línea, Frente Amplio plantea reforzar la supervisión pública sobre estas entidades mediante una mayor transparencia sobre sus resultados, la revisión pública de las altas en contingencias profesionales y una "participación sindical efectiva en sus órganos de control".