Publicado 17/11/2026 17:12

Podemos plantea que "al menos el 50%" de los beneficios de la gran banca revierta en las arcas públicas

La medida permitiría recaudar unos 17.000 millones de euros, según los resultados de 2025

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero.
La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha incluido en su programa electoral la creación de "un impuesto permanente" sobre los beneficios extraordinarios de la gran banca diseñado para que "al menos el 50% de sus ganancias revierta en las arcas públicas", una medida que, tomando como referencia los rendimientos obtenidos por las seis principales entidades españolas en el ejercicio 2025, equivaldría a una recaudación estimada de unos 17.000 millones de euros.

Según el documento programático de la formación, este tributo sobre los beneficios extraordinarios del sector financiero se enmarca en un plan más amplio que contempla "hacer permanente" el actual gravamen a la banca y que exige a las entidades financieras la "devolución íntegra del dinero público destinado a su rescate".

En concreto, los seis grandes bancos cotizados españoles --Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja-- registraron un beneficio neto conjunto de 34.000 millones de euros en 2025. De aplicarse ese umbral mínimo del 50% planteado por Podemos sobre el resultado global de ese ejercicio, la aportación conjunta de los bancos que cotizan en el Ibex 35 ascendería a los citados 17.000 millones de euros.

BANCO SANTANDER APORTARÍA 7.000 MILLONES

Por entidades, el mayor impacto recaería sobre Banco Santander, que cerró el pasado ejercicio con un beneficio neto de 14.101 millones de euros, por lo que una reversión de la mitad de sus ganancias se situaría en torno a los 7.050 millones de euros.

Le seguiría BBVA, que obtuvo unas ganancias de 10.511 millones de euros en 2025 --año marcado por su OPA fallida sobre Banco Sabadell--, lo que representaría una aportación aproximada de 5.255 millones de euros bajo el esquema planteado por la formación morada.

En el caso de CaixaBank, cuyo beneficio neto en 2025 ascendió a 5.891 millones de euros, el 50% de sus resultados supondría alrededor de 2.945 millones de euros, mientras que para Banco Sabadell, con unas ganancias de 1.775 millones de euros en ese mismo periodo, la cifra alcanzaría los 887,5 millones de euros.

Respecto a Bankinter y Unicaja, que cerraron 2025 con unos beneficios netos de 1.090 millones y 632 millones de euros respectivamente, la aplicación de este umbral se traduciría en una aportación a las arcas públicas de 545 millones de euros en el caso del banco naranja y de 316 millones de euros en el del banco andaluz.

DEVOLUCIÓN DEL RESCATE DE 58.600 MILLONES

Más allá del impuesto específico para captar al menos la mitad de las ganancias de las grandes entidades, el programa del partido encabezado por Irene Montero añade como compromiso programático reclamar a la banca el reintegro completo de las ayudas públicas inyectadas durante la reestructuración del sistema financiero español, exigiendo "la devolución íntegra del dinero público destinado a su rescate".

Según los datos oficiales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) actualizados a 30 de junio de 2026, el volumen total de ayudas públicas comprometidas en el proceso de reestructuración bancaria ascendió a 58.600 millones de euros --54.353 millones en inyecciones de capital en entidades, 2.192 millones en la Sareb y 2.055 millones en garantías y Esquemas de Protección de Activos (EPA) abonados--.

De ese montante global, el organismo público ha recuperado hasta la fecha 7.644 millones de euros --entre dividendos, amortizaciones e intereses cobrados--, a lo que se suma el valor recuperable estimado de su participación en BFA/CaixaBank, cifrado en 15.467 millones de euros en las cuentas anuales de 2025, cuya materialización definitiva dependerá de la futura desinversión del Estado, donde mantiene cerca de un 18% del capital social.

Por entidades, los mayores desembolsos públicos recayeron en el grupo BFA-Bankia --integrado actualmente en CaixaBank--, con 22.424 millones de euros inyectados (de los que se han recuperado 1.722 millones vía dividendos, al margen de los 489 millones cobrados por intereses y el valor de la participación pública en CaixaBank); Catalunya Banc --absorbida por BBVA--, con 12.576 millones entre capital y garantías (782 millones recuperados); Nova CaixaGalicia --actualmente Abanca--, con 9.390 millones (783 millones recuperados); y Banco de Valencia --integrado también en CaixaBank--, con 5.869 millones.

TOPE A LAS HIPOTECAS VARIABLES CON EL EURÍBOR POR ENCIMA DEL 2%

Por otro lado, Podemos incluye en su programa electoral una batería de medidas de protección para los deudores hipotecarios, entre las que destaca el establecimiento de un tope al diferencial de las hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual para hogares con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) --fijado actualmente en 600 euros mensuales, o 8.400 euros anuales en 14 pagas, lo que sitúa el umbral general en 25.200 euros al año--, límite que se incrementaría en un 0,3% por cada hijo o hija a cargo.

Según detalla la formación morada, el objetivo es que, mientras el Euríbor se mantenga por encima del 2%, el tipo de interés aplicable a estos préstamos no supere el índice de referencia interbancario más un 0,1%. La última vez que el Euríbor cerró en media mensual por debajo de esa cota fue en el mes de agosto de 2022, previo a la escalada de tipos del Banco Central Europeo (BCE) para contener la inflación desencadenada tras la invasión rusa de Ucrania.

Esta limitación tendría una vigencia inicial de dos años --con posibilidad de prórroga-- y los gastos derivados de su aplicación correrían íntegramente "a cargo de las entidades bancarias".

De forma paralela, Podemos plantea obligar a los bancos a facilitar la conversión de estas hipotecas variables a tipo fijo, "eliminando barreras y costes", con el fin de garantizar cuotas "estables y previsibles" y evitar que las familias pierdan su vivienda habitual por no poder asumir el encarecimiento de los pagos.

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